Este viernes, el Gobierno planea insistir con una indicación al proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. La propuesta permitiría ampliar las facultades de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para acceder a información amparada por el secreto bancario.
La justificación del Ejecutivo es clara: dotar de mayores herramientas a ambas entidades para combatir con mayor eficacia el lavado de dinero y el crimen organizado. Sin embargo, el mundo privado y sectores de la oposición han manifestado su rechazo, advirtiendo posibles vulneraciones a la privacidad de los ciudadanos.
“Para el gobierno el tema del secreto bancario es un elemento central del proyecto de Inteligencia Económica”, dijo tajantemente este miércoles el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
¿Cómo opera el secreto bancario actualmente?
Hoy, la legislación permite a instituciones como el Ministerio Público, la UAF, la CMF y el Servicio de Impuestos Internos (SII) solicitar información bancaria de personas investigadas, pero solo con autorización judicial.
El proceso exige que el juez competente –según la jurisdicción donde se desarrolla la investigación– apruebe la solicitud. Una vez emitido el oficio, los bancos tienen un plazo de cinco días para entregar los antecedentes requeridos, detallando el tipo de información, el período solicitado y el formato en que debe ser entregada. Por ejemplo, los movimientos bancarios de los últimos 24 meses.
El cliente no es informado de la investigación, y divulgar o filtrar esa información está penado por ley. Además, los bancos están obligados a conservar los datos por un período de hasta seis años.
¿Qué cambios propone el Gobierno?
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto –rechazado por el Senado, pero aprobado previamente por las comisiones de Hacienda y Seguridad de la Cámara de Diputados– es la eliminación del requisito de autorización judicial en algunos casos.
En el caso de la UAF, actualmente esta institución solo puede acceder a información protegida por el secreto bancario con la venia de un ministro de la Corte de Apelaciones. La indicación rechazada buscaba suprimir ese control judicial para agilizar los procesos de investigación financiera.
En el caso de la CMF, su Unidad de Investigación ya puede solicitar el levantamiento del secreto bancario, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:
- Que la solicitud se refiera a personas determinadas.
- Que al menos tres comisionados de la CMF aprueben el requerimiento.
- Que un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago ratifique la solicitud.
El Gobierno busca reducir las trabas judiciales en este tipo de procedimientos, pero la propuesta ha abierto un debate de fondo sobre el equilibrio entre eficacia investigativa y resguardo de las libertades individuales.
