En la previa de la Cuenta Pública 2025, diversas organizaciones civiles ecologistas y actores del mismo oficialismo, han comenzado a cuestionar los avances del Gobierno en materia medioambiental los cuales han sido calificados como “escasos”.
De hecho, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, calificó la administración de Gabriel Boric como la “peor desde la vuelta a la democracia”.
A la crítica se sumaron los presidentes de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y el Senado, quienes apuntan directamente a la agenda que ha impulsado el Ejecutivo en la materia.
“Aquí el Ejecutivo se ha sentado más con el empresariado que con el mundo social y medioambiental”, dijo el senador Alfonso de Urresti (PS), mientras que su homónimo de la Cámara, Jaime Araya aseguró a EL DÍNAMO que “ha sido una constante desde el inicio del Gobierno el escaso impulso a la agenda de protección medio ambiental por parte del Ejecutivo”, situación que calificó como “una decepción por las expectativas que habían”.
Ante los cuestionamientos, EL DÍNAMO tomó contacto con el Ministerio del Medio Ambiente, repartición a cargo de la ministra Maisa Rojas y el subsecretario Maximiliano Proaño (FA).
Este último accedió a contestar las preguntas de este medio en relación a los cuestionamientos de la sociedad civil con el Gobierno, la molestia del oficialismo y respecto a la proyección del último tramo del actual mandato.
Maximiliano Proaño: “Como gobierno estamos donde debemos estar, dialogando con todos los sectores”
—Ayer la directora de la Fundación Terram, Flavia Liberona, calificó a este gobierno como el peor en materia medioambiental desde el retorno a la democracia. ¿Cómo reciben este emplazamiento?
—La verdad es que yo diría que ese titular o esa declaración por parte de la directora carece de información muy relevante respecto a los avances que nuestro gobierno ha tenido en materia ambiental, en distintas dimensiones: en materia de institucionalidad, en materia de estándares ambientales, en materia de transición, y sobre todo en cómo compatibilizar la agenda productiva necesaria para cualquier país con las consideraciones ambientales que esta actividad debe tener.
—Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con la aprobación de Los Bronces Integrados. ¿Cómo se explica que este proyecto, con cuestionamientos del mundo medioambiental, se haya aprobado en este gobierno?
—Es una discusión mucho más compleja como país respecto al modelo de desarrollo que nuestro país tiene actualmente y que se quiere dar hacia el futuro. Declararse un gobierno que pone el medioambiente en el centro no significa poner fin a la minería del cobre o del litio, sino elevar los estándares ambientales en estas actividades.
Estos son minerales críticos para la transición y son claves para la descarbonización. En materia del litio, nuestra estrategia crea un instituto de litio y salares, en los nuevos contratos se exigen nuevas formas de extracción que disminuyen el impacto, y se genera una red de salares protegidos de más de un 30%. En materia del cobre, se exige la utilización de agua desalada en lugar de agua dulce proveniente de nuestros glaciares, y se exigen los más altos estándares en materia de emisiones.
La visión de desarrollo que tenemos es cómo estas actividades extractivas deben sentar las bases para un desarrollo post-extractivista cuando estos recursos no existan. Eso no se hace en un gobierno de cuatro años, pero sí se crean las bases.
—¿No hay ahí una manera de bajar los estándares de fiscalización para que los proyectos económicos puedan desarrollarse más rápido, como plantea el Fast Track que impulsa el Ministerio de Hacienda?
—Ahí hay un mal entendimiento del trabajo que debe tener el Ministerio del Medio Ambiente en un gobierno. El Ministerio debe jugar un rol importante en la agenda productiva de un país, asegurando que en esa agenda los estándares y las consideraciones ambientales sean las más altas. Debemos trabajar en conjunto con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Minería y Energía, no excluirnos.
Pero al mismo tiempo, somos el gobierno que ha creado más áreas protegidas que cualquier otro: 37 áreas protegidas. En tiempos de crisis climática, de pérdida de biodiversidad y de crisis de contaminación, cuidar nuestra naturaleza es cuidar a las personas.
—Ambos presidentes de las comisiones de medio ambiente del Senado y de la Cámara, son oficialistas. Alfonso De Urresti (PS) dice que el Ejecutivo se ha sentado más con el empresariado que con el mundo social y medioambiental. Y el diputado Araya (IND-PPD) habla del escaso impulso de la agenda de protección medioambiental en el Congreso. ¿Cómo explica esta desconexión que tiene el Ministerio con los mismos sectores oficialistas?
—No deja de sorprenderme porque nosotros tenemos una activa agenda legislativa. Por ejemplo, en el Senado estamos a la espera de que el propio senador De Urresti ponga en tabla para tramitación la reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente, que es una tremenda necesidad que tenemos como país, y que lamentablemente el senador De Urresti no ha tenido a bien poner en tabla para su discusión.
Respecto al comentario del senador de que nos hemos juntado más con las empresas que con las organizaciones, puede revisar las propias reuniones tanto de lobby como en las regiones. Hemos tenido un diálogo abierto y continuo con las organizaciones ambientales, pero también con las empresas y con los gremios. Sería un error tremendo que el Ministerio de Ambiente se excluyera de conversar con las empresas, que al final del día tienen un rol fundamental en enfrentar la crisis ambiental.
—Flavia Liberona hace presente esta sensación de las organizaciones de que el gobierno ha dejado ese contacto con la sociedad civil para llevar adelante la agenda medioambiental. ¿Por qué cree que se da esa sensación?
—Nosotros hemos tenido una agenda y una política de diálogo continuo y de puertas abiertas a las organizaciones ambientales. De hecho, hace un par de días nos juntamos con Terram. Hemos tenido reuniones con las distintas organizaciones por los diversos temas.
A veces se da una especie de doble discurso. Por un lado, los grandes medios y el empresariado nos critican que somos un gobierno que viene desde la organización ambientalista. Y por otro lado, las organizaciones plantean que estamos alejados de ellas. Como gobierno estamos donde debemos estar: dialogando tanto con la organización ambientalista como con el sector privado y los gremios.
Vemos con preocupación las arremetidas y señales preocupantes de querer criminalizar o poner en duda la labor que juegan las organizaciones ambientales. Por eso nuestro gobierno puso como prioridad que nuestro país fuera Estado parte del Acuerdo de Escazú, porque creemos que la democracia ambiental y proteger a quienes protegen el medio ambiente es fundamental.
—En el contexto de la cuenta pública que se acerca este domingo, ¿qué tiene el Ministerio para destacar sobre los compromisos adquiridos desde el inicio de la administración?
—Nuestro gobierno ha estado implementando reformas que van a fortalecer nuestra institucionalidad ambiental de manera muy sustantiva. Estamos implementando un nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. A fines de nuestro Gobierno el país va a contar con un servicio especializado para proteger de mejor manera la naturaleza.
Estamos implementando la Ley Marco de Cambio Climático, que nos pone la meta de ser un país carbono neutral y resiliente al clima a más tardar en 2050. También implementamos la Ley de Reciclaje: este año ya un 30% de los hogares van a ver pasar el camión de reciclaje en sus barrios, y la meta es llegar al 80% en 2034.
Estamos implementando el Acuerdo de Escazú en materia de democracia ambiental. Hemos abierto muchísimos espacios de participación, con participaciones tempranas en la elaboración de políticas públicas, consultas indígenas para planes y normas. Hoy contamos con un protocolo para defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
En gestión ambiental, a finales de nuestro gobierno vamos a tener una nueva norma de calidad de arsénico, nuevos estándares para material particulado 2,5, norma de calidad de benceno, normas para termoeléctricas. También sacamos la norma secundaria para el río Valdivia y una norma para la bahía de Quintero.
En materia de transición socioecológica justa, hace una semana el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa, con medidas planteadas al 2040 para territorios que han soportado por décadas altos niveles de contaminación.
—Un estudio de Chile Sustentable documenta que el 54% del programa inicial en materia medioambiental está en estado incumplido. ¿El programa sigue siendo una hoja de ruta y se planean retomar ciertos compromisos?
—Esas evaluaciones siempre pueden tener distintas visiones, porque se toman de manera subjetiva desde cómo está redactado un programa. Nosotros, dado que sabemos que la correlación de fuerzas en el Congreso es bastante difícil para sacar algunas reformas, hemos avanzado en materia de potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo: reformar reglamentos, elevar estándares ambientales a través de normas y planes de descontaminación. Estas evaluaciones no consideran estos avances.
Es un mandato del presidente Boric gobernar hasta el último día. Hay muchas medidas y proyectos que están en el Congreso que vamos a seguir tramitando: la reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente, la reforma a la Ley de Bases del Medio Ambiente, el proyecto de ley de residuos orgánicos. Al final de nuestro gobierno podremos decir con seguridad que logramos fortalecer nuestra institucionalidad ambiental y elevar los estándares ambientales del país.
